Que Bernie Sanders y Donald Trump coincidan en algo constituye, por sí solo, una anomalía política. Que coincidan en que el conjunto de la ciudadanía debería tener una participación en la inteligencia artificial resulta aún más llamativo. El acuerdo, eso sí, se agota enseguida: Sanders propone transferir una participación del 50% del capital de las grandes tecnológicas a un fondo soberano estadounidense; Trump plantea una intervención bastante más limitada. Ambas ideas resuenan con sugerencias surgidas de la propia industria —Sam Altman entre ellas— y con una vía alternativa que apunta el Financial Times: en lugar de tomar participaciones, gravar; en concreto, elevar el impuesto sobre las plusvalías. Sobre ese telón de fondo, AllianceBernstein publica una carta abierta, firmada por Inigo Fraser Jenkins, que se hace una pregunta sencilla de enunciar y endiablada de responder: ¿de quién debe ser la IA?
No es casual que estas propuestas afloren ahora. Coinciden en el tiempo tres observaciones que se refuerzan entre sí: una creación de riqueza extraordinaria concentrada en un puñado de compañías, un temor creciente al impacto de la IA sobre el empleo y la conciencia, cada vez más extendida, de que un desarrollo sin límites de esta tecnología entraña riesgos mayúsculos para la sociedad. Fraser Jenkins identifica además dos fuerzas gemelas que auguran un debate cada vez más intenso. La primera es que quienes más se han beneficiado de la subida de las bolsas son los patrimonios más elevados. La segunda es la perspectiva de un aumento del poder de las empresas frente al del trabajo. Estados Unidos destaca aquí, tanto frente al resto del mundo como frente a su propia historia, por un incremento sin precedentes de la participación de los beneficios empresariales en el PIB. Es, señala el autor, uno de los pilares —con consecuencias sociales potencialmente feas— de esa narrativa de excepcionalismo estadounidense que lleva a AllianceBernstein a recomendar mantener una sobreponderación estratégica de la renta variable de EE. UU. frente a la del resto del mundo.
Conviene ser humilde al pronosticar cuánta productividad agregada acabará aportando la IA, y AB lo es. Pero cualquier ganancia que llegue puede provenir de dos vías bien distintas: mejorar la productividad de una unidad de trabajo o, sencillamente, automatizarla y sustituirla. Las previsiones de crecimiento impulsado por la IA suelen ser deliberadamente vagas sobre el peso de cada mecanismo, y es difícil anticiparlo a priori. Sin embargo, el diseño institucional actual —con las empresas decidiendo qué IA se desarrolla y se despliega— apunta a que la automatización eleve todavía más su participación en los beneficios.
Una participación elevada de los beneficios, combinada con un crecimiento robusto del PIB, es un sostén poderoso para el crecimiento futuro de los resultados empresariales. Ahora bien, tiene que existir un límite. Llegado cierto punto, esa participación resultaría demasiado alta y podría desencadenar un rechazo abrupto, casi revolucionario, del poder corporativo y de la propia IA. Nadie sabe dónde se sitúa ese umbral; por ahora, el electorado estadounidense ha declinado forzar la cuestión. En este contexto se entiende la sugerencia de repartir de forma más amplia los beneficios económicos de la IA como forma de contrarrestar lo que, de otro modo, sería el caldo de cultivo para un nuevo salto de la desigualdad, ya de por sí extrema. En teoría, una propiedad pública de la IA podría incluso reducirla, aunque para ello haría falta una participación pública igual o superior a la que propone Sanders, no las tomas de posición más modestas que se barajan en otros foros.
El problema es que las participaciones soberanas, por muy oportunas que resulten políticamente, dejan sin resolver las grandes preguntas que plantea la transferencia de poder implícita en la IA. No corregirían, por ejemplo, el desplazamiento del poder relativo entre gobiernos y empresas. Y aquí la carta ofrece su diagnóstico más afilado. El poder corporativo lleva décadas creciendo frente al de los Estados, especialmente en EE. UU. y a través de administraciones de todo signo. Basta mirar el tipo impositivo efectivo de las empresas estadounidenses, que ha descrito un descenso casi monótono. Si a esa tendencia se le añaden ciertas mutaciones en las normas de gobierno corporativo —la estructura de voto de SpaceX, por citar un caso—, el poder acumulado por las grandes compañías parece no tener precedentes, y ello antes incluso de que la IA transforme de verdad la economía. Una participación soberana pública no alteraría ese poder, salvo que viniera acompañada de derechos de voto reforzados.
Los gobiernos, en cierto sentido, también se han vuelto más poderosos, si el termómetro es el gasto público como porcentaje del PIB o su creciente injerencia en las cadenas de suministro por motivos de seguridad nacional. Pero su poder descansa sobre cimientos frágiles. En el conjunto del G7, la deuda pública promedia el 120% del PIB. Más revelador aún: en 2025, el coste del servicio de la deuda estadounidense superó por primera vez su presupuesto de defensa, el umbral a partir del cual, según Niall Ferguson, una gran potencia empieza a toparse con límites reales a su poder. De ahí el riesgo de una futura «huelga de compradores» en el mercado de deuda pública que estreche de golpe el margen fiscal de los gobiernos —y, de paso, la vida política de sus dirigentes—. Existe, además, un vínculo más sutil: la investigación de AB muestra que la rentabilidad empresarial tiende a beneficiarse de los déficits fiscales. Las empresas, así pues, han ganado poder a costa tanto de los gobiernos como del trabajo. Vista desde este ángulo, la propuesta de gravar a las compañías de IA —en lugar de tomar participaciones en ellas— podría devolver el equilibrio de poder entre empresas y Estados a niveles más normales en perspectiva histórica.
Junto a la vía fiscal está la regulatoria. Se podría regular a los gigantes con mayor severidad, por ejemplo mediante mecanismos antimonopolio. Hay quien sostiene que la naturaleza misma de la IA modifica el papel de la política de competencia, y no faltan voces que reclaman actuar: desde la última encíclica papal hasta los comentarios de Martin Wolf en el Financial Times. Entonces, ¿por qué no regular sin más a las megacapitalizadas y, llegado el caso, trocearlas? La renuencia podría reflejar el grado de captura del regulador que ya se ha producido. Hay otro factor: las grandes firmas de IA se han convertido en pieza clave de la seguridad nacional y, en el marco de la nueva guerra fría entre EE. UU. y China, quizá unos campeones nacionales muy grandes sean el precio a pagar por un premio estratégico mayor. El propio Ferguson sugiere que existe un vínculo con la seguridad nacional y la necesidad de una distensión entre Washington y Pekín que rebaje la presión de una competencia desbocada y, con ella, los comportamientos «mafiosos» de las mayores compañías. Queda una pregunta inquietante: si las empresas de IA tuvieran participaciones públicas relevantes, ¿no podría eso impedir una regulación eficaz? Cabe imaginar a un regulador conteniendo sus golpes si el daño recayera directamente sobre las arcas públicas o, más delicado aún, sobre las carteras de todos los ciudadanos. No sería extraño que algunas compañías vieran con buenos ojos esas participaciones precisamente por ese motivo.
AB confiesa no saber si esas compañías gigantescas son necesarias para la seguridad nacional, pero sí sostiene que alteran el sistema económico de maneras que no parecen sanas a largo plazo. La aparición de empresas enormes con comportamientos que recuerdan a la búsqueda de rentas no encaja con el modelo arquetípico de competencia sana que se suponía cimiento del crecimiento estadounidense de posguerra. ¿Cuánto importa un proceso vivo de competencia entre empresas y un mercado bursátil público vibrante para el crecimiento a largo plazo y para el buen funcionamiento de una economía capitalista? El autor sospecha que muchísimo, aunque sus efectos solo se noten lentamente con el tiempo. Y advierte de un fenómeno ya en marcha: la concentración y la decisión de muchas compañías de permanecer privadas durante mucho más tiempo han transformado ya el estatus del mercado bursátil público, que lleva tiempo encogiendo medido por el número de sociedades cotizadas. Esa «des-bursatilización» es una forma latente de apalancamiento del sistema, en paralelo al apalancamiento mucho más visible del balance público.
Todo ello conduce a una pregunta normativa: ¿de quién deben ser los frutos del crecimiento de la IA? Acemoglu nos enseñó —en Power and Progress, junto a Johnson— que una tecnología, por sí sola, no determina cómo se reparten sus beneficios; ese reparto depende del entorno social y político en el que la tecnología irrumpe. Dada la naturaleza extractiva de la IA —consumo de energía, materias primas, el saqueo de datos para su entrenamiento, el impacto medioambiental y el posible vuelco epistemológico para toda la humanidad—, cabría defender una base de propiedad distinta: los bienes comunes globales. Existe, sostiene AB, un argumento moralmente defendible a favor de una propiedad de tipo comunal, por más que reconozca de inmediato que semejante idea jamás prosperaría.
La carta no pretende responder a la pregunta normativa —eso, dice, corresponde a los políticos—, pero sí se detiene en lo que más nos importa a nosotros: las consecuencias para el inversor. Y aquí llega el nudo del asunto. Mientras tanto, las rentabilidades han sido magníficas. No solo se han beneficiado quienes están bien conectados políticamente: mucho más importante, el sistema de pensiones ha salido claramente ganando. La preocupación de fondo de AB al diseñar carteras y asignación estratégica de activos es que el pronóstico de rentabilidad del conjunto de los activos resulte insuficiente para defender el poder adquisitivo en un mundo de inflación estructuralmente más alta. Con ese trasfondo se entiende la tentación de recurrir a participaciones soberanas en vez de regular con firmeza. Los inversores internacionales, además, han reciclado su ahorro hacia la renta variable estadounidense a un ritmo sin precedentes y con enorme provecho; un golpe al mercado estadounidense sería tremendamente dañino para el ahorro previsional de medio mundo.
Y sin embargo, tomar participaciones soberanas probablemente perpetuaría lo que AB describe como una fragilidad creciente de los mercados: la «simbiosis distópica» entre la inversión pasiva en índices ponderados por capitalización y la emergencia de gigantescas compañías-plataforma. Su conclusión de inversión no cambia por ello —una visión estratégicamente positiva sobre la renta variable sigue siendo, a su juicio, el mejor generador de rentabilidad real a largo plazo en un mundo de mayor inflación de equilibrio, y sobreponderar EE. UU. dentro de ella, la posición más defendible—, pero viene acompañada de una advertencia: hay complacencia respecto a la volatilidad que los inversores deberían esperar. Los flujos la han mantenido artificialmente baja, y no siempre se mostrará tan benigna.
Aquí es donde una lectura de largo plazo añade matices. El valor de esta carta para un inversor paciente no está tanto en la prescripción política —que es terreno de gobiernos y parlamentos— como en el mapa de fuerzas estructurales que dibuja. Que la propiedad de la IA acabe repartiéndose por una vía u otra escapa a nuestro control; lo que sí está en nuestra mano es reconocer las vulnerabilidades que el propio informe señala: una concentración extrema en pocas compañías, un mercado cotizado que encoge, una volatilidad adormecida por los flujos y una correlación creciente entre el ahorro previsional global y un único mercado. No se trata de adivinar el desenlace político, sino de construir carteras capaces de atravesar el abanico de escenarios posibles. La diversificación y, sobre todo, el comportamiento del inversor —su capacidad de no vender en el peor momento— pesan aquí más que cualquier pronóstico sobre quién terminará siendo dueño de la inteligencia artificial.
La creación de riqueza de las compañías de IA y su impacto sobre la sociedad y los mercados garantizan que la pregunta por la propiedad de ese crecimiento seguirá resonando durante años. Dejar que la IA impulse un nuevo aumento de la desigualdad de la riqueza, concluye Fraser Jenkins, no conduce a ninguna clase de equilibrio social y es profundamente peligroso. Cabe esperar, por tanto, muchas más propuestas sobre cómo debería evolucionar la propiedad de la inteligencia artificial. El debate no ha hecho más que empezar.